Artículo 2 Bis, Competencia para otorgar medidas de seguridad

(Artículo adicionado por el artículo 3 del Acuerdo 64-2018 de la Corte Suprema de Justicia). Para el otorgamiento y trámite de las medidas de seguridad conforme a su competencia por razón de la materia, se observarán las siguientes reglas:

a.En el caso de los Juzgados de Paz, de Paz Móviles y de Paz de Turno, de conformidad con sus Acuerdos de creación, que conozcan a prevención de las solicitudes de medidas de seguridad deberán decretar, si procede, las pertinentes para cada caso en concreto, y posteriormente separar y cursar dichas diligencias al órgano jurisdiccional competente por razón de la materia, identificando debidamente los casos de violencia contra la mujer, de los casos de violencia intrafamiliar.

b.En el caso del Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, además de decretar las medidas de seguridad que le corresponden, deberán continuar conociendo de las medidas de seguridad, incluyendo, si existiera, su oposición, hasta que se dicte auto de procesamiento, de conformidad al artículo 3 literal g. del Acuerdo 43-2012 de la Corte Suprema de Justicia.

c.Cuando proceda remitir las diligencias de medidas de seguridad al Juzgado de Primera Instancia de Familia con competencia específica para la Protección en Materia de Violencia Intrafamiliar, deberá observarse, bajo su responsabilidad, que los hechos no encuadren dentro de la posible comisión del delito de violencia contra la mujer y que los sujetos procesales sean parientes -dentro de los grados de ley-, conviviente o exconviviente, cónyuge o excónyuge o con quien se haya procreado hijos o hijas, toda vez que en los asuntos en los que se ven involucrados vecinos o novios, no son constitutivos del ámbito de violencia intrafamiliar. Si los expedientes son competencia de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, deberán ser remitidos al órgano jurisdiccional competente.

d.En el caso que, los hechos puedan ser constitutivos de la posible comisión de delitos contenidos en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, las medidas de seguridad que otorguen los juzgados del orden penal de la República, así como los juzgados especializados en materia de femicidio y violencia contra la mujer, deberán seguir conociendo de la prórroga, ampliación, sustitución o revocación de las mismas y su respectiva oposición, a excepción de los juzgados que únicamente conocen a prevención.

En virtud que, la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, junto con la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, deberán aplicarse de acuerdo al Protocolo de esta última ley, en forma complementaria, en los distintos niveles de la administración de justicia. La una no deberá sustituir a la otra, toda vez que tienen materias distintas y se refieren a justicia especializada cada una, según su campo de acción.