Artículo 99, Ley General del Sistema Portuario Nacional: Limitación de responsabilidad

El Estado de Guatemala y la APN no serán responsables por los daños y perjuicios causados por los operadores y administradores portuarios públicos o privados.

En aquellos casos en que el administrador o el operador portuario, público o privado, es designado por el porteador o transportista marítimo, el administrador u operador podrá invocar las exoneraciones y límites de responsabilidad que amparen al porteador o transportista, de conformidad con la presente Ley. En los casos en que el administrador u operador portuario no es designado por el porteador o transportista marítimo, el operador portuario podrá limitar su responsabilidad a una suma que no exceda de dos (2) unidades de cuenta por kilogramo de peso bruto de las mercancías perdidas o dañadas. En ningún caso el monto a indemnizar excederá el valor de la mercancía perdida o dañada, según las facturas correspondientes. Se entiende por unidad de cuenta el derecho especial de giro, tal como ha sido establecido por el Fondo Monetario Internacional. Se tomará como valor del derecho especial de giro el que esté fijado para el momento en que ocurra la pérdida o el daño.

Quién efectúe, realice o propicie la prestación del servicio comercial portuario o realizar actividades portuarias de atraque o zarpe de buques, embarque o desembarque de carga, procedente o desde el exterior, así como la recepción, almacenamiento y depósito de mercancías en un bien inmueble de propiedad pública o privada que no cuente con la calidad de instalación legalmente habilitadas por las Autoridades del Estado de Guatemala, será civil y penalmente responsable de acuerdo con lo que estipula la legislación nacional, especialmente en materia portuaria, aduanera, migratoria y otras que apliquen.