Art. 3 Decreto 34-96 · Ley de Mercado de Valores y Mercancías
Artículo 3, Ley del Mercado de Valores y Mercancías: Oferta pública, oferta privada y oferta de entidades específicas
Para los efectos de esta ley, se entenderán los términos oferta pública, oferta privada y oferta de entidades específicas, de la manera siguiente:
1.Oferta pública. Es la invitación que el emisor o cualquier otra persona, individual o jurídica, hace abiertamente al público, por sí o por intermedio de tercero, mediante una bolsa de comercio o cualquier medio de comunicación masiva o difusión social, para la negociación de valores, mercancías o contratos, así como también la colocación sistemática de valores por otros medios distintos de los mencionados.
2.Oferta privada. La oferta que se dirige:
2.1 Exclusivamente a quienes ya sean socios o accionistas del emisor, y las acciones por éste emitidas no estuvieren inscritas para oferta pública; o,
2.2 Sin intervención de terceros ni sirviéndose de medios de comunicación social o difusión masiva, a personas o entidades que por su actividad profesional o institucional, el giro principal de sus negocios o su objeto social deban considerarse inversionistas institucionales. Se considerarán inversionistas institucionales las instituciones fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; las entidades de previsión social público o privada, y las entidades, vehículos o mecanismos de inversión colectiva; o,
2.3 A personas determinadas, individuales o jurídicas, que no sean más de treinta y cinco (35), en total por todas las series, en cada año calendario, cuando se trate de valores representativos de derechos de crédito; o,
2.4 A personas determinadas, individuales o jurídicas, que no sean más de treinta y cinco (35), en total por todas las series, cuando se trate de valores representativos del capital social, y que todavía no sean accionistas de la sociedad.
Superado el número de treinta y cinco (35) personas determinadas, individuales o jurídicas, para los casos establecidos en los numerales 2.3 y 2.4 anteriores, la oferta se considerará pública, y los responsables de su promoción, o realización deberán cumplir con todos los requisitos para llevar a cabo oferta pública de valores que establece la presente ley.
Los actos y negocios jurídicos cuyo contenido sea el resultado de ofertas privadas de valores, mercancías o contratos, no están prohibidos, y quedan excluidos de los requisitos de la presente ley para las ofertas públicas.
3.Oferta de entidades específicas. La oferta de valores del Estado, de las entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, del Banco de Guatemala, de las municipalidades y de las instituciones fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos, se regirá por sus propias leyes.
(Reformado por el Artículo 2 del Decreto 49-2008 del Congreso de la República)
Para un escrito o tarea
Ley del Mercado de Valores y Mercancías (Decreto 34-96), artículo 3. Consultado en https://abo.gt/ley-mercado-valores-mercancias/articulo/3 el .
Con el texto
«Para los efectos de esta ley, se entenderán los términos oferta pública, oferta privada y oferta de entidades específicas, de la manera siguiente: 1. Oferta pública. Es la invitación que el emisor o cualquier otra persona, individual o jurídica, hace abiertamente al público, por sí o por intermedio de tercero, mediante una bolsa de comercio o cualquier medio de comunicación masiva o difusión social, para la negociación de valores, mercancías o contratos, así como también la colocación sistemática de valores por otros medios distintos de los mencionados. 2. Oferta privada. La oferta que se dirige: 2.1 Exclusivamente a quienes ya sean socios o accionistas del emisor, y las acciones por éste emitidas no estuvieren inscritas para oferta pública; o, 2.2 Sin intervención de terceros ni sirviéndose de medios de comunicación social o difusión masiva, a personas o entidades que por su actividad profesional o institucional, el giro principal de sus negocios o su objeto social deban considerarse inversionistas institucionales. Se considerarán inversionistas institucionales las instituciones fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; las entidades de previsión social público o privada, y las entidades, vehículos o mecanismos de inversión colectiva; o, 2.3 A personas determinadas, individuales o jurídicas, que no sean más de treinta y cinco (35), en total por todas las series, en cada año calendario, cuando se trate de valores representativos de derechos de crédito; o, 2.4 A personas determinadas, individuales o jurídicas, que no sean más de treinta y cinco (35), en total por todas las series, cuando se trate de valores representativos del capital social, y que todavía no sean accionistas de la sociedad. Superado el número de treinta y cinco (35) personas determinadas, individuales o jurídicas, para los casos establecidos en los numerales 2.3 y 2.4 anteriores, la oferta se considerará pública, y los responsables de su promoción, o realización deberán cumplir con todos los requisitos para llevar a cabo oferta pública de valores que establece la presente ley. Los actos y negocios jurídicos cuyo contenido sea el resultado de ofertas privadas de valores, mercancías o contratos, no están prohibidos, y quedan excluidos de los requisitos de la presente ley para las ofertas públicas. 3. Oferta de entidades específicas. La oferta de valores del Estado, de las entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, del Banco de Guatemala, de las municipalidades y de las instituciones fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos, se regirá por sus propias leyes. (Reformado por el Artículo 2 del Decreto 49-2008 del Congreso de la República)»
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