Art. 22 Acuerdo Gubernativo 135-2009 · Reglamento de Firma Electrónica
Artículo 22, Reglamento de la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas: Certificados de firma sin efecto por disposición legal
Los certificados de firma electrónica quedarán sin efecto, adicionalmente a lo establecido en la ley, en los siguientes casos:
1.Por extinción del plazo de vigencia del certificado, el cual no podrá exceder de tres (03) años contados desde la fecha de su emisión;
2.Por revocación del prestador, la que tendrá lugar en las siguientes circunstancias:
a)A solicitud del titular del certificado;
b)Por fallecimiento del titular o disolución de la persona jurídica que represente, en su caso;
c)Por resolución judicial ejecutoriada;
d)Cuando el titular del certificado al momento de solicitarlo no haya proporcionado los datos de la identidad personal u otras circunstancias objeto de certificación, en forma exacta y completa;
e)Cuando el titular del certificado no haya custodiado adecuadamente los mecanismos de seguridad del funcionamiento del sistema de certificación que le proporcione el certificador;
f)Cuando el titular del certificado no haya actualizado sus datos al cambiar estos;
g)Por Incumplimiento de las obligaciones del usuario establecidas en el artículo 30 del presente reglamento; y,
h)Por las demás causas que convengan el prestador de servicios de certificación con el titular del certificado por medio de la política de certificados.
El efecto de la revocación del certificado es el cese permanente de los efectos jurídicos de este conforme a los usos que le son propios e impide el uso legítimo del mismo.
La revocación de un certificado de firma electrónica podrá producirse de oficio o a petición de su titular por la concurrencia de algunas de las causales previstas en la ley o el presente reglamento.
La solicitud de suspensión o revocación, según corresponda, se podrá dirigir al prestador de servicios de certificación en cualquiera de las formas que prevean sus prácticas de certificación.
La suspensión o revocación del certificado deberá ser comunicada inmediatamente a su titular, sin perjuicio que deba publicarse en el registro de acceso público que señala el artículo 13 de este reglamento.
Tratándose de la suspensión por razones técnicas o revocación del certificado de firma electrónica por las causales de las letras d), e) o f) del presente numeral, dicha decisión deberá ser comunicada al titular con anterioridad a su puesta en práctica, indicando la causa que la provoca y el momento en que se hará efectiva.. . Por cancelación de la autorización y de la inscripción del prestador en el registro de prestadores de servicios de certificación autorizados que señala el artículo 24, en razón de lo dispuesto en el artículo 25 o del cese de la actividad del prestador, a menos que se verifique el traspaso de los datos de los certificados a otro prestador, conforme a lo dispuesto en las literales d) e i) del artículo 13 del presente reglamento; y,
4.Por cese voluntario de la actividad del prestador no autorizado, a menos que se verifique el traspaso de los datos de los certificados a otro prestador, conforme a la literal d) del artículo 13 del presente reglamento.
La revocación de un certificado en las circunstancias previstas en la literal g) del numeral 2) del presente artículo, así como la suspensión cuando ocurriere por causas técnicas, será comunicada previamente por el prestador al titular del certificado indicando la causa y el momento en que se hará efectiva la revocación o la suspensión. En cualquier caso, ni la revocación ni la suspensión privarán de valor a los certificados antes del momento exacto en que sean verificadas por el prestador.
El término de la vigencia del certificado será oponible a terceros desde el momento de la publicación de esta en el registro de acceso público que señala el artículo 13 de este Reglamento.
El término de vigencia de un certificado por alguna de las causales señaladas en el presente artículo será inoponible a terceros mientras no sea anotado en el registro de acceso público del prestador.