Artículo 25, Reglamento de la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas: Resolución de entidades autorizadas

Mediante resolución fundada de la Entidad Autorizadora se podrá dejar sin efecto la autorización y cancelar la Inscripción en el registro público antes mencionado, por alguna de las siguientes causas:

a)Solicitud del prestador de servicios de certificación autorizado ante la Entidad Autorizadora con una antelación de un mes a la fecha del término previsto por el prestador para que se haga efectiva, indicando el destino que dará a los certificados y a los datos de ellos. Para el efecto, deberá cumplir con lo dispuesto en el presente reglamento, y garantizar el pago del aviso que deberá ser publicado;

b)Pérdida de las condiciones que sirvieron de fundamento a su autorización, la que será calificada por los funcionarios o peritos que la Entidad Autorizadora ocupe en la inspección a que se refiere el artículo 26 del presente reglamento; y,

c)Incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones que establece la ley y el presente reglamento.

En los casos de las literales b) y c) la resolución será adoptada de conformidad con lo que se estipula en el capítulo VIII del presente reglamento.

Los certificadores cuya inscripción haya sido cancelada, deberán comunicar inmediatamente este hecho a los titulares de firmas electrónicas certificadas por ellos. Sin perjuicio de ello, la Entidad Autorizadora publicará un aviso en un diario de mayor circulación dando cuenta de la cancelación, a costa del certificador, sin perjuicio de la publicación de la resolución en el registro público que señala el presente reglamento. A partir de la fecha de esta publicación, quedarán sin efecto los certificados, a menos que los datos de los titulares sean transferidos a otro certificador autorizado, en conformidad con lo dispuesto en la letra i) del artículo 13 de presente reglamento. Los perjuicios que pueda causar la cancelación de la inscripción del certificador para los titulares de los certificados que se encontraban vigentes hasta la cancelación, serán de responsabilidad del prestador de servicios de certificación.