Artículo 26, Código Civil de Guatemala

Disuelta una asociación, los bienes que le pertenezcan tendrán el destino previsto en sus estatutos; y si nada se hubiere dispuesto, serán considerados como bienes vacantes y aplicados a los objetos que determine la autoridad que acuerde la disolución.. En expediente 146-2003 sentencia de casación de fecha 16/01/2004 la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia consideró: '... El artículo 155 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su primer párrafo regula... De ahí que para la procedencia del reclamo indemnizatorio era preciso, no sólo demandar al funcionario o empleado público DIRECTAMENTE RESPONSABLE de haber infringido la ley en perjuicio de particulares, sino demostrar esta última circunstancia, a fin de que el Estado de Guatemala quedara obligado solidariamente al resarcimiento pretendido. Sin embargo, en el caso bajo estudio el funcionario o empleado público que con su proceder pudo haber dado lugar al daño o perjuicio, nunca fue demandado y por lo tanto tampoco se demostró que con su actuar ilegal se hubiera originado el fallecimiento del señor Juan Hernández Lima, recluido en el Centro Preventivo de la zona dieciocho. La prescripción constitucional referida no deja lugar a dudas en cuanto que la responsabilidad civil del funcionario o empleado público, debidamente comprobada en el proceso, es requisito ineludible para que al Estado de Guatemala se le pueda deducir la responsabilidad solidaria por los daños y perjuicios que se causaren...'.