Artículo 108, Ley General del Sistema Portuario Nacional: Fijación de tarifas para administradores y operadores portuarios privados

Los administradores u operadores portuarios privados fijarán libremente sus tarifas, respetando los principios tarifarios establecidos en este capítulo y en el régimen tarifario, garantizando la libre competencia y asegurando que dichas tarifas cubran, como mínimo, los costos eficientes de operación. En ningún caso podrán contemplar la prestación gratuita o inferior al costo de servicios adicionales a los que contempla la tarifa. Cualquier práctica anticompetitiva vinculada con las tarifas que sea identificada por la APN, o informada a la misma, será compartida con la autoridad correspondiente.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) tendrá la facultad de verificar, de oficio o a solicitud de parte, el cumplimiento de las obligaciones de tarifas. En caso de incumplimiento, la APN impondrá las sanciones que correspondan conforme al régimen sancionatorio aplicable.

La APN podrá realizar revisiones ex post de las tarifas aplicadas por los administradores u operadores portuarios privados únicamente cuando un usuario denuncie prácticas discriminatorias, incrementos injustificados, barreras de acceso o cualquier conducta que constituya abuso en la prestación de servicios portuarios. Para estos efectos, podrá requerir la información técnica,. económica y contractual necesaria para verificar el cumplimiento de los principios tarifarios. Asimismo, el denunciante tendrá la carga de la prueba y deberá demostrar la relación comercial alegada, aportando pruebas fehacientes del hecho y de la afectación económica real.

Antes de emitir resolución, la APN deberá conferir audiencia al administrador u operador portuario privado por un plazo de veinte (20) días hábiles. Si de la revisión sé determina la existencia de una práctica indebida, la APN podrá ordenar, de forma motivada y con base en estudios técnicos, la eliminación de condiciones discriminatorias, la reversión de incrementos injustificados, la adecuación de reglas comerciales o la obligación de trato no discriminatorio, sin perjuicio de las sanciones que procedan por las infracciones cometidas.

El Reglamento Técnico Tarifario desarrollará lo establecido en este artículo.