Artículo 36, Ley General del Sistema Portuario Nacional: Función fiscalizadora en el sistema portuario nacional

La función fiscalizadora de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) consiste en verificar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, sus reglamentos, contratos y tratados internacionales por parte de los entes regulados del Sistema Portuario Nacional. Esta función comprende la revisión de procesos, la comprobación de estándares, la evaluación del servicio comercial portuario y la inspección de instalaciones, infraestructura y documentación asociada, con el fin de asegurar la prestación continua, eficiente y segura de los servicios comerciales portuarios.

Las gerencias de la APN, la Gerencia de Fiscalización Técnica y la Gerencia de Fiscalización de Protección y sus respectivas unidades, para el cumplimiento de sus atribuciones podrán ingresar a las instalaciones de los entes regulados y solicitar informes, documentos y registros necesarios para ejercer sus funciones de fiscalización, siempre que notifiquen del procedimiento al menos 24 horas antes, debiendo el gerente dar aviso e identificar el personal de la APN que realizará la fiscalización. Los entes regulados no podrán oponerse ni obstaculizar el acceso ni la fiscalización. La documentación e información requerida deberá ser proporcionada de inmediato, salvo aquella que, por su volumen o complejidad, requiera de un plazo que no excederá de tres (3) días hábiles. La APN y sus empleados deberán guardar la confidencialidad de los documentos proporcionados.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando exista violación o acciones en contra de la Seguridad Nacional o al Código PBIP o se tenga conocimiento, a prevención, del gerente de Protección, de algún hecho contra el Código PBIP en materia de protección portuaria o cuando el citado gerente haciendo uso de las facultades de, como autoridad designada que ostenta la APN en materia de protección portuaria, efectúe medidas de verificación y cumplimiento tales como inspecciones no anunciadas, en estos casos los entes regulados deberán permitir el ingreso inmediatamente y sin previo aviso al personal acreditado de esta gerencia o integrantes del CONAPROP, estas acciones protegerán el continuo funcionamiento de las operaciones comerciales.

La función de control y fiscalización se realizará con imparcialidad, objetividad y confidencialidad, podrán ser de oficio o a solicitud del Directorio, conforme a la presente Ley y a su reglamento orgánico interno, el cual desarrollará las atribuciones, funciones y responsabilidades de dichas gerencias. Asimismo, podrán solicitar documentos originales relacionados con las operaciones portuarias, dejando copias certificadas. Todos los entes regulados están sujetos a la fiscalización de las gerencias establecidas en esta Ley.

Las gerencias estarán a cargo, respectivamente, de un gerente, quienes serán nombrados por el gerente general. Para tal efecto, el gerente general seleccionará al gerente correspondiente de una terna integrada mediante un proceso de oposición y selección que garantice la idoneidad, la capacidad profesional y el perfil técnico de los candidatos, conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en el reglamento de la presente Ley.

Los gerentes a que se refiere este artículo solo podrán ser removidos por causa justificada y mediante procedimiento administrativo que garantice el debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa. Se considerarán causas justificadas de remoción las previstas para el gerente general en la presente Ley.