Artículo 90, Ley General del Sistema Portuario Nacional: Gestión integral de permisos, licencias y autorizaciones

La Autoridad Portuaria Nacional o la empresa pública portuaria, según corresponda, será la entidad responsable de coordinar, tramitar y obtener a favor de terceros, ante cualquier dependencia del Organismo Ejecutivo, Municipalidades, instituciones tributarias, entidades descentralizadas, autónomas, instituciones internacionales o cualquier otra institución competente, todos los permisos, licencias, dictámenes, autorizaciones, estudios y avales requeridos para el desarrollo, modernización, ampliación, operación o mantenimiento de infraestructura y servicios comerciales portuarios. El pago de estos trámites correrá a cargo del contratista.

Para el cumplimiento de lo anterior, la APN está legalmente facultada para:

1.Solicitar información, emitir requerimientos y gestionar procedimientos ante entidades del Estado y municipalidades.

2.Convocar mesas técnicas interinstitucionales.

3.Establecer plazos, cronogramas y protocolos de seguimiento.

4.Suscribir convenios de cooperación administrativa para agilizar los trámites vinculados.

Sin perjuicio de la obligación de la APN o las empresas portuarias públicas, el contratista de una de las modalidades contractuales de esta Ley podrá:

a.Preparar, por su cuenta y costo, los estudios, documentos técnicos, expedientes, informes o requisitos que sean necesarios para la obtención de los permisos.

b.Acompañar, asistir o participar en reuniones técnicas convocadas por la APN o las empresas públicas portuarias.

c.Proponer medidas de simplificación, digitalización y estandarización de requisitos.

Ante la declaratoria de utilidad pública de las instalaciones y servicios comerciales portuarios por el artículo 131 de la Constitución Política de la República de Guatemala, las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de la Defensa Nacional en su calidad de Autoridad Marítima Nacional en cumplimiento a los instrumentos internacionales en materia marítima, Instituto Nacional de Bosques, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Superintendencia de Administración Tributaria, municipalidades y otras que emitan resoluciones, autorizaciones, permisos y licencias requeridas para el desarrollo de los proyectos gestionados bajo esta Ley, en cualquiera de sus fases, están obligadas a responder en un máximo de treinta (30) días calendario posteriores a que hubieran recibido la respectiva solicitud emitida por la APN o la empresa pública portuaria, cuando corresponda por medio de resolución razonada.

Las autoridades podrán, por una sola ocasión, solicitar información adicional con base en disposiciones legales, en cuyo caso el referido plazo se contará a partir de que la autoridad correspondiente reciba la información solicitada. Dichas autoridades deberán generar y actualizar según la necesidad, los instrumentos correspondientes de acuerdo con la modalidad de contratación de esta Ley, en coordinación con la APN.

Transcurrido el plazo señalado sin que la autoridad correspondiente se haya manifestado, la APN requerirá por única vez a la máxima autoridad de la institución para que resuelva en un plazo improrrogable de diez (10) días hábiles. El incumplimiento de este segundo plazo por la máxima autoridad implicará que incurre automáticamente en falta grave y será responsable administrativa y penalmente por la inacción. La autoridad correspondiente deberá, previo a que el expediente sea ingresado, ofrecer su apoyo a la Autoridad Portuaria Nacional, a la empresa pública portuaria y al contratista para explicar las buenas prácticas y criterios institucionales para la adecuada presentación del expediente y su eventual aprobación.