Artículo 96, Ley General del Sistema Portuario Nacional: Propiedad intelectual, compensación y evidencia de capacidad financiera

Los documentos y estudios presentados por el particular serán de su exclusiva propiedad y tendrán carácter confidencial. La presentación de proyectos no solicitados por iniciativa privada no generará derechos de exclusividad, prioridad automática ni propiedad intelectual sobre la idea, concepto, alcance general o localización del proyecto, los cuales se consideran parte del ámbito de la planificación pública portuaria.

Se podrá reconocer protección limitada sobre estudios técnicos, financieros, ambientales o jurídicos que constituyan una obra original, siempre que:

a)Hayan sido elaborados a costo y riesgo del proponente.

b)No se basen sustancialmente en información pública o estándares técnicos de uso común.

c)Aporten un valor diferenciador verificable para el Estado.

Dicha protección no impedirá que la Autoridad Portuaria Nacional evalúe, adapte, reformule o desarrolle el proyecto por mecanismos competitivos, pudiendo establecerse, según corresponda, esquemas de compensación, reembolso de costos comprobables o incentivos procedimentales definidos en esta Ley o su reglamento.

Cuando se encuentre firme la resolución desfavorable respecto a la viabilidad del proyecto no solicitado, los estudios, modelos, diseños, análisis técnicos o cualquier otro documento presentado por el proponente podrán ser utilizados total o parcialmente por el Estado para desarrollar el proyecto original, una variante del mismo o cualquier iniciativa derivada. Para esto el Estado deberá compensar de forma previa, íntegra y verificable todos los gastos en que el proponente haya incurrido para su elaboración, incluyendo costos directos, indirectos, honorarios profesionales y cualquier otro gasto necesario debidamente acreditado.

La eventual controversia sobre la utilización de entregables y la procedencia o monto de la compensación será de naturaleza exclusivamente indemnizatoria y no suspenderá, retrasará ni impedirá en ningún caso la planificación, adjudicación o ejecución del proyecto correspondiente.

Una vez realizada la compensación total, la propiedad intelectual patrimonial y el derecho de uso de los estudios se transferirán al Estado exclusivamente para los fines del proyecto, manteniendo el proponente la titularidad de los derechos morales y cualquier conocimiento técnico propio o información confidencial no incorporada en los entregables.