Artículo 147, Ley General del Sistema Portuario Nacional: Reglamentos y transición normativa

Le corresponde al Directorio de la APN aprobar el reglamento de la presente Ley en un plazo máximo de un (1) año contado a partir de la fecha de la primera sesión ordinaria celebrada con el cuórum respectivo. Asimismo, el Directorio deberá aprobar los demás reglamentos necesarios para la implementación de esta Ley en un plazo máximo de dieciocho (18) meses contados a partir de esa misma fecha.

Las entidades del Organismo Ejecutivo y las entidades autónomas o descentralizadas cuyas leyes hayan sido reformadas por la presente Ley, incluyendo, pero no limitándose al MARN, CONAP, IDAEH y la OCRET, deberán aprobar o ajustar los reglamentos, manuales, procedimientos internos y operativos necesarios para asegurar la aplicación de los principios de celeridad, coordinación interinstitucional y, compatibilidad con la infraestructura estratégica, así como los procesos para la transferencia de activos en caso de rescisión contractual. Estos instrumentos deberán aprobarse en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

La APN deberá cumplir con las obligaciones emanadas del Decreto Número 5-2021 del Congreso de la República, Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, específicamente las disposiciones en los artículos: 1, 3, 7, 8, 10, 18 y 20, así como cualquier otra que el Directorio de la APN considere conveniente. Para la APN, los plazos que dicha ley establece en sus artículos 40 y 41, se contarán a partir de enero de 2027.

El Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la Comisión Portuaria Nacional y la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional coordinarán las gestiones administrativas necesarias con las demás instituciones competentes para la creación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), incluida la habilitación de partidas presupuestarias.

La APN elaborará un informe en el que se indique cuáles son, a su criterio, los acuerdos gubernativos y acuerdos ministeriales y reglamentos necesarios para cumplir con lo establecido en la Ley General del Sistema Portuario Nacional, el cual deberá remitir a las entidades del Organismo Ejecutivo, así como, a las entidades descentralizadas y autónomas, las autoridades competentes de las diferentes instituciones, en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. Asimismo, la APN deberá emitir los lineamientos técnicos necesarios para asegurar la compatibilidad funcional y evitar contradicciones regulatorias, en el marco del respeto al principio de legalidad y a la potestad legislativa del Congreso de la República.