Artículo 151, Ley General del Sistema Portuario Nacional: Responsabilidades, derechos adquiridos y vigencia de contratos y autorizaciones existentes

Los contratos, concesiones, licencias y demás autorizaciones otorgadas por las empresas portuarias públicas, empresas públicas o municipalidades antes de la entrada en vigencia de la presente Ley mantendrán su validez hasta el vencimiento del plazo estipulado en cada instrumento. Una vez vencidos estos contratos, concesiones, licencias y demás autorizaciones otorgadas no podrá ampliarse su plazo ni renovarse sin adecuarse previamente a lo establecido en esta Ley y sus reglamentos. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las causas legales o contractuales que permitan su modificación, revisión o revocación anticipada.

Las empresas portuarias públicas y municipalidades deberán remitir a la APN, dentro del plazo máximo de treinta (30) días calendario a partir de la primera sesión del Directorio, un registro detallado de todos los contratos, licencias, concesiones y demás autorizaciones vigentes, para los efectos de esta Ley.

Las terminales especializadas operadas por entidades públicas o privadas que, a la entrada en vigencia de la presente Ley, se encuentren en operación y no estén ubicadas dentro de los bienes inmuebles de los puertos marítimos existentes, ni bajo la administración de alguna empresa pública portuaria, pasarán a formar parte del Sistema Portuario Nacional, con la calidad de operadores portuarios, públicos o privados según corresponda.

Estas terminales deberán adecuarse y cumplir con lo dispuesto en la presente Ley, lo cual incluye la sujeción a la normativa de seguridad y protección (Código PBIP) en un plazo máximo de treinta y seis (36) meses contados desde la entrada en vigencia de esta Ley, quedando sometidas a la rectoría del Estado de Guatemala en materia portuaria a través de la Autoridad Portuaria Nacional.

Asimismo, todos los actos, procedimientos, concesiones, gestiones administrativas, inversiones, estudios, contratos, licencias, dictámenes, autorizaciones y demás actuaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley por personas individuales o jurídicas, nacionales o internacionales, destinadas a establecimiento, construcción, administración u operación de infraestructura y servicios portuarios bajo modalidad privada conservarán plenamente su validez y eficacia jurídica.

Dichos actos y documentos podrán ser presentados ante la APN u otras instituciones públicas para efectos de acreditar o complementar los requisitos establecidos en esta Ley y sus reglamentos para los procesos de proyectos no solicitados, sin perjuicio de que deban cumplirse aquellos requisitos adicionales que resulten aplicables conforme al nuevo marco normativo.

La Autoridad Portuaria Nacional deberá, dentro de sus competencias, reconocer y garantizar dicha continuidad, resguardando los derechos adquiridos y la seguridad jurídica correspondiente, sin perjuicio de su adecuación progresiva al marco regulatorio previsto en esta Ley. Tales actuaciones se tendrán como antecedente válido para efectos de evaluación y aceptación formal de los proyectos portuarios privados no solicitados, no pudiendo la APN desconocer, vulnerar, restringir o menoscabar, de manera arbitraria o retroactiva, los actos jurídicos perfeccionados y los legítimos intereses derivados de estos.