Artículo 153, Ley General del Sistema Portuario Nacional: Disposiciones aplicables a las empresas públicas portuarias

Las empresas públicas portuarias existentes, en su calidad de administradores portuarios públicos, deberán cumplir lo dispuesto en la presente Ley, registrar su área de influencia portuaria y, de corresponder, deberán realizar los ajustes reglamentarios y operativos en un plazo de doce (12) meses desde la integración del primer Directorio de la APN.

Se reconocen y respetan los derechos y obligaciones derivados de los contratos celebrados y autorizaciones otorgadas por las empresas públicas portuarias con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, los cuales continuarán rigiéndose por las condiciones pactadas, conforme lo estipula el artículo 152 de esta Ley. Lo anterior comprende, de manera enunciativa y no limitativa, las autorizaciones y contratos de arrendamiento, gestión indirecta de servicios portuarios, las designaciones públicas, los contratos para la prestación de servicios portuarios, marítimos y servicios conexos, así como cualquier otra modalidad contractual prevista en la normativa vigente al momento de su celebración.

Cuando corresponda, en cuanto a la facultad que asiste al Organismo Ejecutivo de designar a los presidentes de las Juntas Directivas y a los gerentes de las empresas públicas portuarias, respectivamente, el Organismo Ejecutivo deberá, en adición a lo que establece cada una de las respectivas leyes orgánicas, garantizar que los designados:

1)Cumplan con las siguientes calidades:

i)Ser de reconocida honorabilidad y capacidad profesional.

ii) Ser profesional y colegiado activo.

iii) Los establecidos en el Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.

2)No incurran en los siguientes impedimentos:

i)Desempeñen cualquier cargo de elección popular.

ii) Hayan ocupado, en los últimos cuatro (4) años, algún empleo, cargo o función directiva en la Autoridad Portuaria Nacional.

iii) Hayan sido ministro de Estado, fiscal general de la República, procurador general de la Nación, Contralor General de Cuentas, diputado al Congreso de la República, diputado al Parlamento Centroamericano, dirigente de partido político, alcalde, magistrado o juez, durante los cuatro (4) años previos a su nombramiento.

iv) Sean ministro de cualquier culto o religión.

v)Haber sido declarado en situación de insolvencia o quiebra, mientras no hubiere sido rehabilitado.

3)El Organismo Ejecutivo procederá a la remoción de sus designados, cuando los mismos incurran en alguna de las siguientes causales de remoción:

i)Participe en actividades proselitistas de organizaciones políticas o ser candidato a cargos de elección popular.

ii) Traslade a la Junta Directiva o a la Autoridad Portuaria Nacional información falsa o alterada.

iii) Utilice, en beneficio propio o de terceros, la información confidencial o información reservada de que disponga en razón de su cargo, así como divulgar la mencionada información en contravención a la ley.

iv) No se excuse de conocer y votar en los asuntos en que tenga algún interés directo o indirecto.

v)Incumpla las resoluciones de la Junta Directiva o de la Autoridad Portuaria Nacional.

vi) Esté condenado en sentencia firme, por delito doloso.

En un plazo no mayor de doce (12) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el Organismo Ejecutivo, con el apoyo técnico de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), deberá presentar al Congreso de la República las iniciativas de ley correspondientes para modificar las leyes de los puertos públicos, a fin de armonizarlos e integrarlos plenamente al Sistema Nacional Portuario, de conformidad con los principios, políticas y disposiciones de la presente Ley. La propuesta deberá contener, como mínimo, las adecuaciones institucionales, operativas, regulatorias y de gobernanza necesarias para asegurar la rectoría de la APN, la continuidad de los servicios comerciales portuarios, la seguridad portuaria, la planificación integral y los mecanismos de supervisión y control.